La Red de Mujeres Ixiles está ubicada en Nebaj, un municipio localizado en un valle lejano en el departamento de Quiché conocido como el área  ixil de Guatemala -- una región que es predominantemente Maya-Ixil. La Red fue una de las 13 organizaciones locales que trabajó junto con Acción Ciudadana (AC) para desarrollar el ejercicio de observación sobre la violencia electoral y los gastos de campaña en 20 municipios.

Hace poco hablamos con Juana Baca, coordinadora general de la organización, y con Paula Ramírez y Andrés Saquic, dos observadores, sobre su experiencia en la red de observación electoral “Más Inclusión, Menos Violencia”.

Aunque la Red de Mujeres Ixiles se enfoca en promover la participación cívica de las mujeres y ofrece apoyo a víctimas de violencia, vio un vínculo importante entre su trabajo principal y su rol en la observación de las elecciones. “La organización se centra en la colectividad”, explicó Juana. “Nosotras nos enfocamos en trabajar con sobrevivientes de violencia de género. Esta violencia se extiende al ámbito político y queríamos abordar este problema en nuestra comunidad. Consideramos este proyecto como complementario al trabajo de nuestra organización”, enfatizó.

La violencia en contra de las mujeres es un problema profundamente arraigado en Guatemala, en donde la tasa de femicidios es una de las más altas del mundo. Además de centrarse en la violencia electoral de manera general, la observación incluyó un enfoque específico de violencia en contra de las mujeres durante el proceso electoral. La observación de AC fue parte del programa de NDI “Votos sin Violencia” que tiene como objetivo apoyar a la ciudadanía para que realice un ejercicio de observación electoral que permita monitorear y mitigar la violencia en contra de las mujeres durante las elecciones, ya que este flagelo representa una barrera significativa para la participación política de las mujeres.

"Las mujeres son vulnerables en la política. Necesitamos de más espacios para compartir información para que las mujeres puedan entender qué es la violencia política y qué es la violencia de género y así garantizar que ninguna de las dos se vea como algo aceptable” - Juana Baca, coordinadora general de la Red de Mujeres Ixiles

La violencia electoral en contra de las mujeres se encuentra tanto en espacios públicos como privados, y puede presentarse de distintas maneras, como confrontaciones físicas, agresiones sexuales, discriminación, acoso y abuso psicológico. Esto desalienta a las mujeres de participar activamente en la política y socava el fortalecimiento de la democracia. En Guatemala, por ejemplo, las mujeres han sido forzadas a participar en movilizaciones de los partidos políticos o amenazadas con perder beneficios sociales administrados por funcionarios electos si ellas no se afilian a  un partido o si no se comprometen a votar por un candidato en particular.

Tanto hombres como mujeres pueden experimentar violencia política, sin embargo, las mujeres usualmente son más vulnerables a ser atacadas, especialmente si son ellas quienes reciben los beneficios sociales. “Los políticos han utilizado los programas sociales para perpetuar la violencia en contra de las mujeres y ellas están condicionadas para pensar que esto es normal”, dijo Juana.

La Red de Mujeres Ixiles decidió realizar la observación en las aldeas de Nebaj y Cotzal que han experimentado altos niveles de conflicto electoral en el pasado. El grupo entendió que sus observadores se enfrentaban a riesgos tales como la confrontación e intimidación por parte de militantes de los partidos políticos. A pesar de los riesgos, los observadores creyeron que su presencia podía incidir en la prevención de  la violencia y para otorgar una voz a las víctimas cuyos derechos eran violados.

“Nuestro interés en ser observadores surgió al ver la violencia y la división que se presenta  en nuestras comunidades durante el periodo electoral”, coincidieron Paula y Andrés. “Como observadores, queremos ayudar a reducir la violencia”, aseguraron.

Además de observar la violencia de género, el proyecto también buscaba incluir a las mujeres como participantes activas. De los 140 observadores en la red de AC, el 54 por ciento fueron  mujeres -- bastante por encima de los promedios globales de las redes de observación electoral, lo que refleja el enfoque de observación incluyente. Adicionalmente, el 30 por ciento de la red a nivel nacional fue integrado por personas indígenas. Dentro de las comunidades predominantemente indígenas, como Nebaj y Cotzal, el 100 por ciento de los observadores fueron indígenas.

Muchos de los observadores tuvieron un rol de liderazgo dentro de sus organizaciones, lo que les permitió fortalecer la percepción de confianza que tienen dentro de sus comunidades. Ejemplo de ello, fue que los comunitarios recurrían a ellos para pedirles su consejo, ya que fueron vistos como líderes políticos expertos. Así, contar con voluntarios representativos de las propias comunidades para integrar la red de observación, fue crucial para generar confianza y motivar a la ciudadanía a pronunciarse sobre su realidad.

Tanto Paula como Andrés coincidieron en que participar como observadores aumentó su liderazgo dentro de su comunidad. “Las mujeres confiaban en nosotros y se sentían cómodas al preguntarnos cómo responder o cómo actuar frente a situaciones que sabían eran inaceptables, y nosotros podíamos ayudarlas”, explicaron.

Este tipo de observación inclusiva y basada en la confianza es fundamental en un país como Guatemala, en donde un pasado violento ha resultado en un legado de miedo y silencio. Los 36 años de conflicto armado interno en el país dejaron al menos 200,000 personas muertas o desaparecidas; la mayoría de las víctimas fueron indígenas. Las mujeres guatemaltecas, y especialmente las mujeres mayas, fueron víctimas de horribles hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Aunque los acuerdos de paz de 1996 terminaron con este enfrentamiento, el país aún no ha superado las consecuencias que dejó. Las comunidades en el área Ixil estuvieron y continúan estando particularmente afectadas por esta violencia. También sigue habiendo una herencia de impunidad en el cumplimiento de la ley y de exclusión de las mujeres y los pueblos indígenas en la participación política.

Mientras muchos asuntos siguen sin resolverse, las históricas protestas durante el 2015 y los recientes casos legales por casos de corrupción demuestran la dimensión del descontento ciudadano por la impunidad sistemática y ofrecen una esperanza para pensar que quienes perpetraron actos violentos deberán responder ante la justicia. En enero de 2016, 14 ex-militares fueron detenidos por crímenes de lesa humanidad y en febrero, un tribunal de alto nivel declaró culpables a dos antiguos oficiales del ejército por los delitos de esclavitud sexual en contra de mujeres indígenas, lo que permitió que se diera la primera sentencia  condenatoria por cargos de violencia sexual cometidos durante el conflicto.

Pronunciarse en este contexto requiere coraje, y la Red de Mujeres Ixiles representa esta fuerza. “Hay que entender la violencia como actos individuales”, afirmó Juana. “Las mujeres son vulnerables en la política. Necesitamos de más espacios para compartir información para que las mujeres puedan entender qué es la violencia política y qué es la violencia de género y así garantizar que ninguna de las dos se vea como algo aceptable”, puntualizó.